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El juez federal en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, amplió los fundamentos de una resolución previa e intimó nuevamente al Gobierno de Javier Milei, otorgándole un plazo adicional de cinco días para que cumpla con la medida cautelar relacionada con la actualización salarial de docentes y no docentes, así como con las becas estudiantiles, tal como lo establece la Ley de Financiamiento Universitario.
La nueva resolución, firmada esta mañana, responde a un pedido de revocatoria presentado por el Gobierno respecto a la intimación emitida el 22 de septiembre. Al igual que en aquella oportunidad, el juez advirtió al Estado nacional que, de no acatar la medida, aplicará multas diarias (astreintes).
En su fallo, Cormick recordó que la medida cautelar de su autoría, dictada en diciembre pasado, quedó firme tras el rechazo del último recurso presentado por el Gobierno por parte de la Corte Suprema el 25 de junio.
El magistrado reprodujo los argumentos gubernamentales y, citando la Ley de Financiamiento Universitario, destacó que la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y junio de 2026, momento en que la cautelar quedó firme, alcanzó el 312,19%.
Frente a la alegación oficial de cumplimiento parcial basada en el acta paritaria de junio pasado, que concedió un aumento del 21,3% más un 3% en octubre, el juez señaló que no existe respaldo suficiente para sostener que el cálculo de los incrementos salariales haya sido realizado conforme a lo estipulado por la norma, es decir, considerando la inflación del 312,19%.
Asimismo, mencionó que los argumentos presentados por los abogados del Gobierno ya fueron analizados y rechazados por el tribunal.
La decisión fue calificada como “contundente y fundamentada” por Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario. El CIN impulsó en 2023 la demanda contra el Estado nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Aunque la cautelar fue dictada en diciembre, confirmada por la Cámara de Apelaciones en marzo y ordenada con aplicación inmediata debido a su carácter alimentario —que comprende sueldos y becas—, se encaminaba a convertirse en una de las más prolongadas sin ejecución efectiva. En su momento, el fuero Contencioso Administrativo suspendió la ejecución aduciendo que el Gobierno había recurrido a la Corte Suprema y era necesario esperar su pronunciamiento.
Desde el fallo de la Corte del 25 de junio que confirmó la firmeza de la cautelar, el juez Cormick convocó a una audiencia, concedió un plazo adicional de tres días para que el Estado explicara su situación, luego otorgó cinco días para el cumplimiento y ahora renovó dicha intimación.
La comunidad universitaria considera que el aumento salarial pendiente para adecuarse a la ley supera ya el 33%, en función de la inflación acumulada del 312,19% durante la gestión de Milei, según señaló el juez.
Por otro lado, existe expectativa sobre el próximo pronunciamiento de Cormick respecto de la cuestión de fondo de la demanda planteada por el CIN: la validez y plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, frente a un decreto del presidente Milei que la promulgó pero dejó de aplicarla argumentando la falta de especificación en las fuentes de financiamiento.
