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La Justicia Federal de Misiones archivó la denuncia que cuestionaba el ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina. El fiscal de Puerto Iguazú, Fabián Ramírez, desestimó esa parte de la presentación luego de recibir informes de Interpol y de la Dirección Nacional de Migraciones. La fiscal revisora Silvia Gutiérrez confirmó la decisión, por lo que quedó cerrado el análisis sobre una posible irregularidad migratoria.
Según los registros de Migraciones citados en el expediente, Bolsonaro ingresó desde Brasil el 27 de octubre de 2026 y salió esa misma noche desde el aeropuerto de Puerto Iguazú en un vuelo privado con destino a Ecuador. El organismo consignó una permanencia de una hora y quince minutos en el país. Interpol, por su parte, informó que no había restricciones ni órdenes de captura internacionales vigentes contra el dirigente brasileño.
El archivo no cerró la investigación sobre la posible utilización de recursos públicos para facilitar el traslado. Esa parte de la denuncia fue remitida a la fiscal federal Paloma Ochoa, en Comodoro Py, quien pidió medidas preliminares, entre ellas la obtención de fotos y videos del aeropuerto. Según la información publicada, todavía no solicitó formalmente la apertura de una causa penal ni formuló imputaciones contra Santiago Caputo u otros funcionarios.
El expediente pendiente busca establecer si funcionarios y organismos argentinos participaron en el operativo y si se emplearon vehículos, personal u otros bienes estatales, así como si hubo autorización para hacerlo. La información disponible no confirma que esas actuaciones hayan derivado en una imputación ni que se haya determinado un uso irregular de recursos públicos.
Ramírez consideró innecesarias para resolver la cuestión migratoria algunas medidas solicitadas, entre ellas la obtención de registros fronterizos, grabaciones y documentación vinculada con el vuelo. Sin embargo, el artículo señala que parte de esos elementos podría ser evaluada en la investigación que continúa en Buenos Aires. La fiscalía deberá definir qué diligencias son pertinentes para esclarecer el uso de recursos estatales.
