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Santiago Peña, expresidente de Paraguay destituido por el Senado, cumple prisión preventiva en una unidad militar mientras avanza una investigación penal vinculada con el cierre de Ueno. La medida fue ordenada por un juez, que admitió la imputación en su contra por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. La imputación no equivale a una condena.
El comandante del Regimiento Guardia Presidencial, el coronel José Dayub, contó que recibió a Peña cuando llegó a la unidad y describió su actitud como sonriente. Según el jefe militar, el exmandatario no se encontraba decaído. Está alojado en una habitación destinada al personal del regimiento, con cama, ropero, ventilador, aire acondicionado y baño privado. Dayub también señaló que el lugar cuenta con seguridad perimetral permanente.
El ministro de Defensa, Óscar González, afirmó que la presencia de Peña en el regimiento responde a una orden judicial y aclaró que la dependencia no funciona como cárcel. El juez Humberto Otazú sostuvo que el exmandatario no sería trasladado a una prisión común, al considerar que podría manejar información sensible sobre asuntos como el crimen organizado. Por su parte, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, dijo que el sistema penitenciario podría recibir a personas con distintos perfiles y que se coordinarían medidas para garantizar la seguridad si fuera necesario.
La fiscalía sostiene que Peña habría intervenido en operaciones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno. También le atribuye una relación económica y corporativa previa con Ueno Holding, grupo empresarial que incluye al banco. Son señalamientos incluidos en la imputación y no hechos establecidos por una sentencia.
El caso se desarrolla tras la decisión del Banco Central de Paraguay de iniciar un proceso de resolución o cierre de Ueno. La autoridad financiera tomó esa medida luego de detectar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La investigación examina, entre otros aspectos, el vínculo entre la entidad y fondos de instituciones públicas durante la gestión de Peña.
